La fiscal de materia Magaly Bustamante viajó de La Paz a Santa Cruz para tomar las declaraciones a tres líderes cruceños y al asesor del rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Están investigados por delitos que pudieron cometer por el paro de los 36 días que se cumplió en 2022 para exigir un censo oportuno y transparente.
De este modo, el expresidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, y el constitucionalista José Luis Santistevan se presentaron en la oficina de la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción e Investigación de Legitimación de Ganancias Ilícitas que está en la zona del Mechero, en el Plan Tres Mil. Los tres se abstuvieron de declarar para proteger sus derechos, según la explicación que cada uno otorgó a los periodistas tras haberse presentado ante la fiscal. Están acusados de 10 delitos, incluido un cargo por terrorismo.
En este caso también está implicado el gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre, pero por efecto de la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia. Sucedió tras el informe de la OEA que no pudo avalar las elecciones nacionales de ese año. Camacho también se abstuvo de declarar, pero eso fue durante una vista fiscal del 22 de marzo.
Además de visita al Vaticano, Cuéllar desarrolló una agenda académica vinculada con su cargo. Esto fue explicado por sus abogados ayer a los emisarios de la Fiscalía de La Paz que se trasladaron hasta Santa Cruz de la Sierra.
El portavoz de la Uagrm, Manfredo Bravo, informó que se contactó con Cuéllar tras la visita al Santo Padre que se dio en el contexto de las audiencias públicas que se llevan a cabo todos los miércoles en la Santa Sede. “Han tenido una pequeña charla”, dijo.
De acuerdo con el cuadernillo de investigaciones de la Fiscalía, los líderes de la institucionalidad cruceña están siendo investigados por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, y terrorismo.
Sobre este último tipo penal, organismos internacionales de derechos humanos consideraron que es ambiguo y susceptible de ser empleado bajo motivaciones políticas. El Decreto 108 de 2009 establece que estos casos deben ser investigados en La Paz, pero la norma aprobada por Morales estuvo vinculada con el caso Terrorismo que, ahora, es objeto de un proceso contra el Estado boliviano que está a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Hay tres recursos pendientes sobre la excepción de competencia territorial. Esperamos que la justicia se recupere y eso implica que se recupere el juez natural que debe estar en Santa Cruz”, señaló José Luis Santistevan.
“No hay miedo, si uno tiene que estar las veces que sea en juicios así es porque estamos defendiendo el pueblo. Se lo advertimos a ellos (el Gobierno) porque creen que nos van a amedrentar”, apuntó el vicerrector de la Uagrm.
“Nos abstuvimos a declarar porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. El Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada”, afirmó el exlíder cívico Rómulo Calvo. Fuente: El Deber
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