El gobernador debe presentarse este viernes en los juzgados de la capital oriental para ejercer su derecho a la defensa en el caso “Decretazo”. Desde Creemos y otros frentes anticipan que su llegada marcará un cambio en la administración política de la región
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debería
ser trasladado en el curso de las próximas horas desde el penal de Chonchocoro,
en La Paz, al de Palmasola, en Santa Cruz, para que asista al inicio del juicio
oral por el caso “Decretazo”. Su defensa advirtió ayer que el cumplimiento del
fallo judicial sigue estancado por “intereses políticos y personales”. Aún así,
esperan que el pasaje aéreo o terrestre sea adquirido pronto en medio de
reproches políticos, alguno de los cuales, emitidos desde la misma gobernación.
La instrucción de traslado fue emitida por el Tribunal de
Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4° de la
capital cruceña, que en fecha 3 de julio de 2025 ordenó el movimiento de Camacho
“entre 8 y 10 días antes” de la audiencia fijada para el 25 de julio, con fecha
límite el 15 de julio que a esta altura ya se venció.
La medida se tomó en el marco de una acción de libertad
concedida parcialmente en su favor. De hecho, el procurador general del Estado,
Ricardo Condori, afirmó que la defensa de Camacho interpretó el fallo y
descartó su traslado. Sostuvo que Camacho puede asumir defensa de manera
virtual.
Pero, el documento judicial instruye notificar al director
del penal de San Pedro de Chonchocoro, Edgar Fernando Espinoza, al Director
Nacional de Régimen Penitenciario y al director del penal de Palmasola, para
que se viabilice el traslado , incluso bajo alternativa legal en caso de
incumplimiento.
El abogado Martín Camacho, representante legal del
gobernador, afirmó que la demora en la compra de pasajes o la asignación de
transporte terrestre es injustificada. “El director del centro penitenciario ya
solicitó los pasajes. Lo que correspondería sin excusa alguna es ejecutar ese traslado”,
declaró.
Camacho denunció además que se están generando obstáculos
desde el propio Gobierno. “Hay intereses políticos que están frenando el
cumplimiento de una sentencia constitucional. Incluso el fiscal Omar
Mejillones, que no tiene relación con este proceso, salió a decir que no debe
trasladarse a Camacho porque afecta otro juicio.”
La defensa también apuntó que, en caso de no concretarse el
traslado, las responsabilidades recaerán sobre el director de Chonchocoro y la
directora departamental paceña del Régimen Penitenciario, Mariana García. “No
existe ningún informe policial ni de inteligencia que impida el traslado”, insistió.
La bancada de Creemos, la organización con la que Camacho
fue electo, denunció una “intromisión política” en el caso. Su vocero, el
diputado Erwin Bazán, señaló directamente al Gobierno y a actores de la propia
gobernación cruceña.
“La resolución judicial es clara. Se debe trasladar a
Camacho para que ejerza su defensa. Todo lo demás son excusas e intromisiones
abusivas. ¿Tanto miedo le tienen a Camacho que saben que, si pisa su tierra, se
convierte nuevamente en gobernador legítimo?”, afirmó.
Bazán también acusó al Procurador General del Estado,
Ricardo Condori, de interferir en el proceso judicial. “El procurador no tiene
por qué opinar sobre este caso. Su trabajo es otro”, enfatizó.
Mientras tanto, el actual gobernador en ejercicio, Mario
Aguilera, reconoció a Camacho como el gobernador legítimo y aseguró que su
gestión se limita a una suplencia temporal. “Yo trabajé para que él sea
elegido. Fui su vicegobernador y jefe de campaña”, declaró.
Sin embargo, Aguilera también criticó a colaboradores de
Camacho y aclaró que no tiene relación con la emisión del Decreto Departamental
373, el cual está en el centro del juicio. “¿Quién hizo el ‘decretazo’? Lo hizo
su secretario de Justicia, Efraín Suárez. No fui yo”.
Asimismo, rechazó las acusaciones lanzadas por Martín
Camacho y cuestionó el papel de otros actores vinculados a la defensa del
gobernador, entre ellos, el exfuncionario José Terrazas, ahora candidato a
senador por la alianza Unidad de Samuel Doria Medina.
El caso “Decretazo” surge por la emisión del Decreto
Departamental 373 en marzo de 2022, cuando Camacho, ya detenido, delegó sus
funciones al secretario Miguel Ángel Navarro, omitiendo al vicegobernador
Aguilera, lo cual violaría la Constitución y el Estatuto Autonómico de Santa
Cruz. El juicio está previsto para iniciar este viernes 25 de julio en el
Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Camacho debe estar presente
en la audiencia, según ese fallo.
Desde su detención el 28 de diciembre de 2022 por el caso
“Golpe de Estado I”, Camacho ha permanecido en Chonchocoro. Su defensa
interpueso 14 acciones judiciales solicitando su traslado a Santa Cruz, todas
con fallos favorables, pero sin ejecución. Las autoridades penitenciarias
alegan que Chonchocoro es el único penal con condiciones médicas adecuadas,
argumento que ha sido rebatido por la defensa, que asegura haber garantizado
todas las condiciones logísticas y de salud. Fuente: El Deber
0 comments:
Publicar un comentario